El Estado boliviano en formación… y en discusión

Bolivia siempre tuvo un cuasi Estado. De ahí las guerras siempre
perdidas, los continuos alzamientos y golpes de Estado y la permanente
inestabilidad política pues, entre presidentes interinos o electos y los
resultantes de un golpe militar, suma 98 desde su independencia hasta
hoy (contra los 55 de Argentina que, sin embargo, vivió continuas
turbulencias desde 1955 hasta 1983; o los 68 de la tan accidentada
historia mexicana, o los 55 chilenos, incluyendo las dictaduras).

El Estado criollo nacido de la Independencia tenía dos “pisos”: en el
superior actuaba la ínfima minoría de blancos y mestizos, una oligarquía
minera-terrateniente, y en el inferior, la inmensa mayoría indígena de
la población, dividida a su vez por etnias y lenguas y marcada por el
recuerdo de la opresión de los kechuas incaicos sobre los urus y los
aymaras y por la cooptación, por los conquistadores, de la élite de las
etnias indígenas, que fue culturalmente asimilada. El aparato gobernante
era prebendario: se compraban los puestos de recolectores de impuestos y
los principales cargos públicos, incluido el aparato judicial y, hasta
1952, un pacto tácito establecía que al vencedor de las elecciones le
correspondía la presidencia, al segundo la embajada en Londres y al
tercero la de Buenos Aires. Esta situación instauraba la generalización
de la corrupción; el aparato estatal era un mero botín, los cargos
dependían de las clientelas y la mayoría no pensaba en el bien de todos
sino, por el contrario, en que lo que era de todos podía ser apropiado.

La unidad nacional jamás existió. La mayoría de la población, campesina
e indígena, se refugiaba en lo local y lo regional, en su territorio, y
defendía como podía la vida comunitaria en los restos de los ayllus, ya
muy modificados por la Conquista al quitarles la variedad de territorios
y climas y concentrar su población en pueblos de indios más
controlables. La mayoría de la población se regía por el regionalismo y,
a pesar de que la lengua oficial era el castellano, en el mejor de los
casos éste era la segunda lengua, mal aprendida y peor utilizada, salvo
por una élite mestiza que recibía las ideas de Europa vía Buenos Aires.
El yugo de la ignorancia pesaba sobre la mayoría, le impedía ejercer la
ciudadanía, favorecía el surgimiento de caudillos.

Con el /Tata/ Belzu, que fue presidente desde 1848 hasta 1855, y con los
militares nacionalistas David Toro, Germán Busch y Gualberto Villarroel,
que derribaron al régimen que había llevado a la derrota en la guerra
del Chaco a principios de los años 1930, las clases y las etnias
oprimidas trataron de sacudirse de encima esa combinación de
colonialismo interno, racismo y superexplotación capitalista.

La sublevación obrera de julio de 1952 que derribó al gobierno de los
oligarcas y mineros propició la modernización y unificación de Bolivia y
la creación de un Estado moderno, pues abrió el camino hacia la
ciudadanía a los campesinos-indígenas e instauró un régimen de dualidad
de poderes entre, por una parte, el anticapitalismo y el comunalismo de
los trabajadores organizados en sindicatos y, por otra, el aparato de
Estado capitalista centralista creado por imitación de sus vecinos, que
mantenía la misma política extractivista, depredadora de los liberales,
a la cual agregaba matices desarrollistas. Esa modernización capitalista
creó una escasísima burguesía nacional, ligada al capital financiero
internacional, y difundió masivamente ideas anticapitalistas y obreras,
como el sindicalismo o la autorganización, en un país que casi no tenía
obreros. Los trabajadores, en el sentido más amplio de la palabra,
disputaron el Estado a la debilísima burguesía, construyendo desde abajo
las bases de otro paralelo, y disputaron el futuro del país.

La revolución que llevó a Evo Morales al poder fue una combinación de
varias revoluciones simultáneas. Es decir, de la lucha por la
descolonización, de la revolución por la igualdad entre las etnias y por
la democratización del país, de sus instituciones y de la cultura, y de
la lucha por la independencia real de Bolivia y por el fin de la
explotación y la opresión. La nueva Constitución, que creó un Estado
plurinacional y pluricultural, reconoció las lenguas indígenas como
oficiales y estableció la elección popular de los jueces y la revocación
de los mandatos en los poderes del Estado. Pero, por un lado, fue fruto
de un compromiso entre las clases y los sectores políticos opuestos y,
por otro, no cambió la situación real ni la relación de fuerzas entre
los mismos, relación que constituye la esencia misma del Estado. De ahí
que el gobierno deba mediar continuamente entre los localismos y
regionalismos, entre las etnias y las autonomías, así como con la
oposición por los bienes comunes entre Sucre y Potosí o Cochabamba y
Tarija o entre los indígenas que viven de los recursos forestales del
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TPNIS) y los
guaraníes también del TIPNIS, que creen que una carretera que atraviese
el parque les permitirá un mayor acceso a los mercados.

El Estado, según la Constitución, es plurinacional, pero el gobierno,
para seguir exportando gas y minerales, aplica una política unitaria,
jacobina, centralista, que subordina las autonomías a las necesidades de
un neodesarrollismo extractivista, que afecta gravemente al ambiente.
Dadas la dependencia de Bolivia del mercado capitalista mundial y la
escasa magnitud del ahorro nacional, ¿sigue siendo posible una
alternativa a la unificación desde arriba, por la vía de Bismarck, y al
reforzamiento capitalista del aparato estatal? Además, ¿ella está en el
pasado indígena o en una federación socialista de Repúblicas de América
Latina? Eso es lo que hay dirimir.

Guillermo Almeyra
5-1-02-2012