Extractivismo desarrollista y defensa ambiental

Por Guillermo Almeyra
Para hacer frente a la crisis mundial y poder defenderse de las
trasnacionales, la economía de los países dependientes no puede
prescindir del reforzamiento del papel del Estado. No sólo está en el
orden del día defender los bienes públicos y recuperar el control sobre
las palancas fundamentales para el desarrollo: el aparato estatal
también debe remplazar a los capitales privados, a veces mediante
empresas mixtas con éstos, en actividades de importancia estratégica
para el desarrollo o de gran importancia social y en la investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías compatibles con la defensa del
ambiente. En esa medida, durante todo un periodo, se necesita más y no
menos intervención económica del Estado en la economía, como productor y
como fijador de precios de sostén para los bienes de los pequeños
productores rurales y como regulador de los precios al consumo de los de
primera necesidad, para mantener el poder adquisitivo de la población,
así como la salud pública y el nivel de vida en las ciudades, donde se
ubica la mayoría de los habitantes. Como en Bolivia, como en Venezuela,
como en Ecuador o Argentina, es inevitable, pues, pasar por una fase de
industrialismo, en parte incluso de producción nacional costosa de
productos que hoy se importan y, en algunos países donde el grueso de la
intervención del capital nacional está en manos del Estado, no se puede
evitar que la transición pase por una fase de capitalismo de Estado (o
sea de un Estado aún capitalista pero sin o contra los capitalistas,
trasnacionales o nacionales).

La oposición al grueso del capital –nacional y extranjero– de los
gobiernos llamados “progresistas” que encaran esta política no lleva,
sin embargo, automáticamente ni a la eliminación de la explotación de la
naturaleza ni a la de los asalariados. Cuando mucho, y en el mejor de
los casos, se comienza a abrir camino a una transición a un sistema más
democrático y justo y a una relación sensata, no extractiva y
depredadora, de los recursos. En el peor, el desarrollismo puede llevar
en cambio a un aumento de la minería a cielo abierto, sobre todo de las
minas de oro, dados los precios de la onza de ese metal, como sucede en
casi toda América Latina, o a una extracción brutal de combustibles no
renovables, sin consideración ambiental alguna, como se está viendo con
el aumento de la producción de carbón, que es más barato y abundante que
el gas o el petróleo.

Eso lleva a rupturas en el bloque popular y a realineamientos en el
mismo. Por ejemplo, la protesta indígena en Ecuador por la ley de aguas
o por la defensa de los bosques crea una oposición ambientalista y
democrática al gobierno que, en ciertas condiciones, podría incluso ser
utilizada por el imperialismo y la derecha ecuatoriana en contra de aquél.

Se plantea además quién y hasta dónde controla los recursos: ¿la
población local, en el caso de las autonomías indígenas, como lo hacen
los inuit en Canadá, o el Estado central, que debe utilizarlos para su
política redistributiva y de desarrollo? Surge igualmente el bloque
ideológicamente conservador sindicatos-gobierno desarrollista, con sus
planes de empleo basados en la producción minera, que se opone mediante
la violencia, como en Mendoza, Argentina, a la defensa ambientalista –o
sea al otro bloque, el que forman agricultores, pequeños comerciantes,
pobladores urbanos, estudiantes e intelectuales– que lucha por preservar
el territorio que las minas devastarían, y sobre todo del agua, que esa
explotación envenena y torna escasa.

En la fase en la que el capital trasnacional va por los bienes comunes y
recurre a un despojo puro y simple del agua y del territorio, peor que
el que preparó la primera Revolución Industrial, los piratas
internacionales se apoyan sobre la necesidad de los gobiernos
“progresistas” de obtener divisas fuertes y de diversificar la economía
y también sobre la gran demanda por trabajo, en cualquier condición y a
cualquier costo social o ambiental. Es decir, se apoyan en la visión
capitalista de los primeros y en la aceptación por grandes grupos de
trabajadores y por sus direcciones sindicales, de los valores capitalistas.

Surge así una contradicción entre el ambientalismo democrático y de
masas, por un lado, y el gobierno y los sindicatos (de trabajadores
hoteleros, de la construcción, del transporte, del comercio) –como en
Entre Ríos, Argentina, en el caso de la protesta de años en Gualeguaychú
contra la papelera Botnia sobre el río Uruguay y en Uruguay–,
contradicción que impide defender y reorganizar el territorio y que
incluso da margen para una posible utilización derechista de una
protesta y acción democrática genuina.

Si los gobiernos no sometidos al capital financiero internacional no
desarrollan, al mismo tiempo, una política industrialista y una
investigación real sobre cuáles podrían ser las bases de una economía
alternativa, con productos, tecnologías y consumos no despilfarradores
ni depredadores de los recursos, no podrán atenuar esa contradicción. El
obrero no sólo busca trabajo y es asalariado: también es consumidor,
vecino, ser pensante. Si pudiese trabajar en algo no contaminante ni
dañino, lo haría. Si debe fabricar armas, químicos, automóviles de lujo
o comida chatarra es porque debe comer. Para que no pierda oportunidades
de trabajo y no dañe el ambiente hay que ofrecerle otro tipo de
actividades productivas: no plantas termoeléctricas, sino electricidad
generada por las mareas patagónicas o por los vientos o el sol, no
fábricas de autos individuales sino de ferrocarriles o transportes
colectivos. La investigación científica debe ser orientada hacia el
desarrollo de productos que ahorren materias primas minerales y energía,
que no sean desechables en pocos años, que nazcan de industrias no
contaminantes. Sobre todo, es indispensable preparar ya el cambio de
modelo energético, basado por entero en los combustibles no renovables.
20-06-2010