Los banqueros festejan, el país se endeuda, ¿se ha vuelto progresista pagar la deuda?

Consideraciones sobre el canje y sus implicancias
Los banqueros festejan, el país se endeuda, ¿se ha vuelto progresista pagar la
deuda?
Por Claudio Katz/Guillermo Gigliani/José Castillo/Jorge Marchini/Eduardo
Lucita/Alberto Teszkiewicz
Economistas de Izquierda
El gobierno se dispone a concretar el canje con los bonistas que no aceptaron la
oferta del 2005. La operación es celebrada por los financistas, elogiada por los
oficialistas y aprobada por la oposición de derecha. Pero es una transacción
gravosa para el país y adversa para los intereses populares. Reabre una
negociación que estaba formalmente cerrada y prohibida. Carece de justificación
y no se apoya en ningún dato creíble sobre el estado de las cuentas públicas.
Para quienes suscribimos esta declaración se trata de un canje nefasto.

Una vez más
Este canje es una nueva emisión de deuda para sustituir los viejos pasivos que
se desvalorizaron con la cesación de pagos del 2001. Un recambio de títulos que
ya se hizo en varias oportunidades para actualizar el endeudamiento. Sin embargo
esta vez la operación es más siniestra, ya que se consuma con los bonistas que
rehuyeron el canje del 2005 y que el gobierno prometió dejar afuera de cualquier
cobro futuro. Ese anuncio fue incluso respaldado con la llamada “ley cerrojo”,
que ahora el Parlamento derogó aceleradamente para reabrir la transacción,
violando la sacrosanta custodia de la seguridad jurídica.

Este canje es otra vez un gran negocio para los bancos que preparan desde hace
varios años un cambio de títulos que les reporte enormes ganancias de
intermediación. Comenzaron a acaparar estos bonos cuando valían 8 centavos por
dólar, apostando que alcanzarían la actual cotización de 45 centavos. Repitiendo
lo ocurrido desde hace dos siglos, un grupo de lobbystas (Marcelo Etchebarne,
Hans Joerg Rudlof y Caio Koch Wesser), recorrió los pasillos oficiales y preparó
el canje con los funcionarios de turno. Si algún juez quisiera investigar las
anomalías de la deuda argentina tendría todos los elementos de juicio a la vista
para indagar las responsabilidades en este tipo de operaciones.

Solo tres bancos manejan el negocio (Citi, Deutsche y Barclays) y han liderado
el acaparamiento de los bonos depreciados por el default y revalorizados por la
oferta del gobierno. Las irregularidades son incontables. El Barclays ejerce un
inadmisible rol de asesor del Estado y representante de los bonistas. Además,
financia a la compañía británica Desire Petroleum, que explora el petróleo de
Malvinas. Mientras se sancionan leyes para penalizar a las firmas que colaboran
con esta depredación colonial, el Estado contrata a un artífice de ese
vaciamiento.

La operación vuelve a seducir a los acreedores mediante concesiones oprobiosas.
Para lograr un alto porcentaje de adhesión se ofrece un pago adicional por los
intereses generados desde el intercambio anterior, premiando la deserción que
supuestamente debía sancionarse. Está en discusión pero volverían a otorgarse
los incentivos vinculados al crecimiento del PBI, hace cinco años se
justificaron en la incertidumbre de una economía en ruinas, en la actualidad se
recrean como un simple regalo.

Los primeros cálculos prevén que el canje le brindará a los acreedores que
acapararon títulos un beneficio de 1000 millones de dólares. Esta cifra explica
la euforia de los mercados, la apetencia por los bonos argentinos y la
disminución del riesgo país. Todo indica, además, que las comisiones de los
intermediarios serán más elevadas que en el 2005. Se argumenta que este lucro
“no corre a cuenta del Estado, sino de los bonistas”, pero todo el intercambio
de papeles se paga con fondos públicos, que finalmente incrementan la deuda
pública.

Para ocultar este perjuicio el ministro de Economía se ha declarado vencedor
frente a los fondos buitres (“los aislamos y les quitamos capacidad de
litigio”), en realidad solo quedaron fuera del ring los especuladores
marginales. Los principales buitres son los grandes bancos que acapararon
títulos y que han sido bendecidos por el gobierno para comandar el negocio.

Una justificación innecesaria
El objetivo del canje es eliminar el obstáculo que impide un arreglo de los
compromisos pendientes con el Club de París, a fin de alcanzar algún tipo de
convivencia con el FMI. Esta sucesión de medidas es presentada como una
“normalización” de la situación financiera internacional, que dejaría atrás la
pesadilla del default. Al recorrer este sendero el gobierno culpabiliza al país
por su pasado, ocultando que los financistas fueron los principales responsables
de esos desastres. Como la consigna del momento es “volver al mercado
internacional” se omite la responsabilidad primordial de los especuladores en la
cesación de pagos.

Con un nuevo disfraz patriótico se retoma el lenguaje neoliberal, convocando a
ser “creíbles y confiables”, es decir pagadores puntuales de compromisos que
favorecen a los banqueros. Nuevamente se naturaliza el pago de deuda, olvidando
que Argentina fue reiteradamente estafada por los grupos financieros. En este
clima plantear no pagar o exigir la investigación de la deuda es considerado
“demagógico” e “irrealista” y cumplir con los especuladores es sinónimo de
seriedad. Nuevamente hay que estar atento a la “actitud de los mercados” y
alegrarse si aprueban las iniciativas oficiales.

Pero lo más novedoso es que el pago de la deuda se ha transformado en un
“proyecto progresista”. Tradicionalmente los gobiernos cumplían esta obligación
en silencio y disimulando sus consecuencias para el país. Ahora se lo reivindica
con grandilocuentes justificaciones. Se afirma que permite “recuperar
autonomía”, cuando es evidente que el incremento de los compromisos externos
genera dependencia. El mismo argumento fue utilizado para cancelar en forma
total y anticipada los pasivos con el FMI. El desendeudamiento prometido con ese
increíble pago se ha transformado ahora en el reinicio de un típico ciclo de
endeudamiento.

La operación en curso es totalmente innecesaria, y los fondos que requiere la
economía para una política económica de mejor distribución del ingreso pueden
ser plenamente recaudados con ahorro interno. En EDI sostenemos que este
autofinanciamiento es totalmente factible a condición de suspender los pagos
actuales de la deuda, frenar la fuga de capitales, instaurar el control de
cambios y un monopolio estatal de comercio exterior. Es cierto que el superávit
fiscal se ha reducido drásticamente, pero se puede neutralizar este bache
revisando también el otro gran rubro además de los servicios de la deuda: los
subsidios a las grandes empresas, cuando se justifiquen no seguir pagándolos en
base a declaraciones juradas de los beneficiarios.

Para nosotros es también el momento de cubrir las insuficiencias fiscales con
una reforma impositiva progresiva que comience gravando las rentas
extraordinarias exentas, especialmente en el plano financiero, y recaiga sobre
quiénes mayor capacidad contributiva tienen. Esta punición debe extenderse de
inmediato al área de la minería y el petróleo, mientras se duplican los aportes
patronales de las grandes compañías.

Pero como lo confirma la reciente discusión sobre la ley del cheque, no
pareciera existir la menor intención por parte de los partidos mayoritarios de
enfocar el problema en estos términos. En lugar de impuestos a los ricos se
vuelve al endeudamiento que tantas veces arruinó a la Argentina.

Pretextos y fantasías
Los partidarios del canje afirman que la situación de la deuda ha cambiado
significativamente, aliviando la coyuntura de asfixia que predominaba en los
años ‘80 y ‘90. Es un tema discutible, Pero, aún si así fuera, justamente este
giro confirmaría hasta qué punto se habría vuelto innecesario volver al
endeudamiento.

Es cierto que los pasivos totales del sector público pasaron de 139% del PBI
(2003) a 49,1% (2009). La deuda era un 722% mayor que las reservas en esa fecha
y en la actualidad se ha reducido al 120%. También se registró un achicamiento
de los compromisos externos como porcentaje de las exportaciones de 296% (2003)
a 81% (2009). Pero estos números, que los economistas del oficialismo esgrimen
como grandes triunfos, deben ser matizados. Reflejan sí una reducción del
endeudamiento con respecto al pico de crecimiento de la deuda. Sin embargo, los
porcentajes con respecto al PBI son similares a los que existían en la segunda
mitad de la década del ‘90, aún con las salvedades que deben hacerse sobre la
composición diferente de los respectivos productos y su valuación. El aumento de
la relación reservas / endeudamiento aleja el riesgo de default del horizonte
inmediato, pero no lo elimina. El promedio de vida de la deuda se amplió, de 6,9
años a 12,7, pero lo que pesa en el corto plazo son los servicios de capital e
intereses que vencen este año y los subsiguientes. Por otra parte, con
posterioridad al canje de 2005, el ciclo de endeudamiento ha recomenzado.

No es ocioso recordar que estas modificaciones fueron el resultado de la brutal
catástrofe producida por el colapso del 2001, que desvalorizó todos los activos
y pasivos de la economía. La reducción de la deuda no fue un mérito del canje
del 2005, ni de la astucia negociadora de Lavagna, fue costeada por mayorías
populares. Los pasivos se contrajeron junto a la devaluación, la pesificación
asimétrica, la expropiación de los pequeños depositantes, el desempleo y la
miseria. Es necesario rememorar quién pagó esa reestructuración para evitar la
repetición de un ciclo de endeudamiento.

Hay economistas que afirman que el país “no tiene dificultades de pago”, que
mantiene un “perfil sostenible de la deuda”, que ésta “no obstaculiza ya el
desenvolvimiento de la economía”. Pero si este diagnóstico fuera cierto, el
canje carecería por completo de sentido. No habría ninguna razón para
implementar una refinanciación tan prescindible. Otros afirman, en cambio, que
el endeudamiento es indispensable, pero que esta vez “no será gravoso”. Al
contrario, argumentan, permitirá reducir la tasa de interés que impera en toda
la economía. Pero todos los cálculos indican que ese costo seguiría ubicado muy
por encima del promedio internacional y entrañará por lo tanto fuertes
erogaciones en los futuros vencimientos. La realidad es que la deuda, sus
servicios anuales (hoy en el 10% del presupuesto nacional) y sus vencimientos
futuros, sin llegar a plantear una situación explosiva inmediata como sucedió en
el 2001 (nadie está pronosticando un default en el corto plazo), sigue siendo un
problema y, año a año, miles de millones de dólares que podrían tener mejores
destinos van a engrosar los bolsillos de los grandes especuladores.

Basta observar la dramática situación que afrontan actualmente las economías de
la periferia europea (Grecia, Portugal, Irlanda, Islandia) para recordar cuán
vulnerables son los países dependientes ante una eclosión financiera
internacional. Argentina no está en el centro de este colapso porque ya soportó
los brutales efectos del temblor precedente, pero reiniciar el ciclo de
endeudamiento volverá a quitarle protección frente a un nuevo vendaval.

Suele afirmarse que el alto endeudamiento externo del pasado (76% en el 2003) ha
quedado reemplazado por pasivos más controlables en moneda local (46% del
total). Pero la historia reciente de muchos países (por ejemplo Brasil) indica
que la sustitución de una tiranía financiera foránea por otra interior, no
reduce los padecimientos populares. Un banquero local puede ser más despiadado
que su colega externo.

Pugnas políticas y coincidencias de fondo
El canje se implementa al cabo de varios meses de intensas disputas entre el
gobierno y la oposición que encarnan la UCR, el PJ disidente, el PRO y la CC.
Ambos sectores coinciden en reiniciar el ciclo de endeudamiento pero han pugnado
duramente por la forma de implementar esta operación y sobre todo por definir
quién será la autoridad política encargada de liderar la reconciliación con los
financistas.

Mientras disputaban ferozmente en el Parlamento y en los medios de comunicación,
unos y otros bendijeron el entusiasmo de los mercados y sobre todo avalaron la
auditoria que realizó la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) de toda la
transacción.

La derecha aprueba plenamente el canje, pero propone combinar el endeudamiento
externo con una reducción del gasto público, para poner en marcha una versión
más tradicional del ajuste neoliberal. Con este objetivo provocó el conflicto
del Banco Central que terminó perdiendo y desplegó durante meses una campaña
para “cuidar las reservas”. Reservas que dilapidó en todas las ocasiones que le
toco gobernar.

Con la siniestra bandera de “la autonomía del Banco Central”, defendió en los
hechos el manejo de esa entidad por parte de los banqueros, buscando que este
organismo continúe custodiado por un puñado de financistas y asegure las
reservas como garantía de pago de la deuda. Por eso reivindicó una Carta
Orgánica que le asegura al BCRA poderes propios y facultades superiores a
cualquier otro organismo del Estado.

Repitiendo lo ocurrido con los principales conflictos de los últimos meses (ley
de medios, revisión de las retenciones, reforma política, televisación del
futbol,) el gobierno volvió a ganar esta disputa. Como esta pugna acaparó
nuevamente la atención pública se ha perdido de vista la coincidencia central de
los dos bandos en torno al canje.

Esta convergencia fue anticipada cuando avalaron el pago anticipado de la deuda
al FMI mediante los ahora cuestionados decretos de necesidad y urgencia. En el
año 2005 el ejecutivo utilizó estos mecanismos con la aprobación plena de
adversarios, que siempre exceptúan al tema de la deuda de su custodia
republicana de la Constitución.

Esta misma convergencia se ha verificado en torno al canje, refutando la
impresión que en la Argentina “volvió el debate político”. Es completamente
falso que se a retomado el debate sustancial en desmedro de la chicana y los
fuegos de artificio. Justamente lo ocurrido ilustra cómo las controversias sobre
las formas ocultan el contenido. Ambos bandos se desangran por imponer su
política de pago de la deuda, sin cuestionar en ningún momento la legitimidad de
esta erogación.

Nuestra perspectiva
Los cambios operados en las últimas décadas en la composición de la deuda
pública (interna y externa) y en los tenedores de bonos (intraestatal, privados)
han complejizado la respuesta. Es esa complejidad la que impone actualizar y
renovar nuestras propuestas programáticas para general una real alternativa.

Desde nuestra perspectiva un primer paso para la construcción de un programa
alternativo pasa por la inmediata suspensión unilateral de los pagos.

La deuda ya no está, como en los ´80, directamente nominada y fácilmente
observable en manos de un puñado de bancos. Por el contrario se encuentra
dispersa en una gran variedad de bonos en manos de diferentes acreedores.
Distintos trabajos difieren sobre el grado de concentración de esos bonos. Pero
el sólo hecho de que los tres bancos a cargo del canje puedan “asegurar” con
facilidad porcentajes de aceptación del 75% o más reflejan que una importante
cantidad ya no está en manos de los tenedores originales sino de quien los ha
adquirido fuertemente desvalorizados en alguno de los distintos momentos de la
crisis post-2001. A esos grandes bancos y fondos buitre es a donde apunta la
suspensión que proponemos.

Reconocemos que en el caso de bonos cuyos tenedores resulten jubilados, ex
combatientes, víctimas del Terrorismo de Estado o pequeños ahorristas,
corresponderá reconocer y pagar esos compromisos. Proponemos entonces un censo y
las verificaciones necesarias a tales efectos.

En nuestra consideración merece un análisis particular la deuda interestatal,
particularmente la del ANSES, pero también la de otros organismos públicos y las
provincias. Se deberá entonces resolver qué se hace con los bonos y letras en
poder de esos organismos, pero es prioritario evitar una descapitalización del
ANSES. En este sentido nuestra propuesta implica también que los fondos de la
seguridad social dejen de ser la principal fuente de financiamiento del pago de
los servicios de la deuda.

Respecto de la deuda comercial en curso (pago a proveedores, compromisos de obra
pública, etc.), proponemos una inmediata auditoria para distinguir deuda
propiamente comercial de la financiera y separar los fraudes de los contratos en
regla.

Un segundo paso es la investigación. Esta investigación resulta necesaria para
recrear la memoria histórica de lo sucedido en el país durante los trágicos años
de la dictadura. Tiene una relevancia complementaria de los juicios a los
genocidas, servirá para clarificar el sentido de los crímenes cometidos por los
militares, pues pondrá de relieve la complicidad y asociación que tuvieron los
banqueros y grandes empresarios con esos crímenes.

Asimismo permitiría volver a poner a la luz concretamente cómo fueron obligadas
las empresas públicas a endeudarse para financiar la fuga de capitales y quienes
fueron los beneficiaros de la estatización de la deuda. Para nosotros se hace
necesario retomar y profundizar la investigación de Alejandro Olmos, que obtuvo
el fallo del Juez Ballesteros en el año 2000. La Presidenta afirmó que no se
puede volver sobre este tema porque con los varios canjes se perdieron las
huellas de la culpabilidad. Pero siguiendo este argumento habría que cerrar los
juicios a los represores, dónde también han quedado muy ocultas las pruebas y
testigos. En realidad la investigación de la deuda es tan imprescriptible como
la de los crímenes de dictadura, porque ambos procesos obedecieron a las mismas
razones.

Gobierno y oposición derechista comparten el rechazo a esta investigación porque
las responsabilidades más importantes son contemporáneas y afectan a los
gobiernos constitucionales. Reabrir esta causa sería un acto de acusación contra
la UCR y el PJ que la corporación política quiere ocultar, puesto que
demostraría la complicidad de funcionarios actuales y jefes de oposición con esa
estafa.

Las principales irregularidades abarcan a los años ‘90 (Plan Baker,
capitalización de la deuda para privatizaciones) y al Megacanje y Blindaje del
2001, como también sentenció Ballesteros en el 2007, en otro fallo que embargó a
Domingo Cavallo y a Daniel Marx. Por un elemental principio de orden jurídico el
gobierno debiera abstenerse de nuevas operaciones de canje, hasta tanto la
justicia no se expida sobre la legalidad de las tres causas radicadas en el
Juzgado Federal nº2.

Es necesario recordar que el 80% del incremento de la deuda entre 1994 y 2001 y
el 75% del déficit fiscal de ese período es resultado de la privatización de los
aportes jubilatorios, que compromete todo ese periodo.

Para evitar esta indagación existen varios proyectos del oficialismo y la
derecha para poner en marcha alguna investigación parlamentaria sólo del pasado
dictatorial. En otros casos se busca simplemente resucitar el cajoneo con
comisiones que no llegan a ninguna lado y sobre todo se intenta evitar cualquier
reflexión sobre el presente. Por el contrario para nosotros investigar hoy es
auditar el comportamiento de los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rua,
Duhalde y también Kirchner. Es investigar el canje de Lavagna del 2005 y también
el actual. Cualquier otra propuesta de investigación es un acto de cinismo.

Lo que importa de la deuda no es sólo una cifra y un conjunto de anomalías, sino
también el enjambre de intereses capitalistas que continúa lucrando con el
esfuerza de las mayorías populares. Es por eso también absurdo separar el
“aspecto jurídico” de la deuda (que debería indagar alguna comisión de abogados)
del “aspecto económico” del canje (que debe continuar avanzando en manos de los
banqueros). Con este tipo de dualidades se vacía el contenido político de la
investigación, convirtiéndola en una preocupación arqueológica.

Nuestra propuesta implica constituir una Comisión Investigadora con plenos
poderes, integrada por personalidades del país y del exterior de intachable
trayectoria y organizaciones populares (políticas, sindicales, de derechos
humanos). Con plazo definido para entregar y hacer públicas sus conclusiones.

Pero todos estos planteos deben articularse con iniciativas de mayor importancia
en otros campos. Es clave el debate sobre iniciativas complementarias como el
uso de las reservas. Quienes integramos EDI sostenemos que las reservas pueden y
deben utilizarse, pero para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas,
financiando proyectos que impacten en el desarrollo nacional, priorizando la
generación de puestos de trabajo.

Para nosotros es decisivo avanzar en la reforma financiera, nacionalización de
la banca y en la relocalización de las reservas, depositadas en Nueva York a
favor de la gestación de un banco regional y un fondo de estabilización soberano
de América Latina.

Son todos los debates que abre el rechazo del canje. Este es hoy la divisoria de
aguas entre una ruptura popular o la recreación de la pesadilla de la deuda.

Adhieren: Guillermo Almeyra / Alejandro Olmos Gaona / Julio Gambina

14-04-2010