CTA de Córdoba denuncia represalia antiobrera del Tribunal Superior

El pasado 23 de julio el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba resolvió condenar a la Dra. Cecilia Perez Correa, abogada representante de la CTA,  al pago de las costas por un juicio en el que representa a un trabajador de la Renault. ( “CONCI RAUL ALBINO C/ RENAULT ARGENTINA S.A. – ORDINARIO – ENFERMEDAD ACCIDENTE (LEY DE RIESGOS) APELACION EN ORDINARIOS - RECURSO DE CASACION - EXPTE. Nº 5609/ /37”).

La resolución ordena la condena, por haber interpuesto Recurso de Casación en lo que constituiría para el Máximo Tribunal Pcial, una conducta “displicente y perturbadora de la administración de justicia”, pese a que dicho recurso fuera concedido por la Cámara del Trabajo,  la que dispuso imponer las costas por el orden causado.

La condena impuesta, dictada en el tiempo record de  dos meses de ingresada la causa  al TSJ, cuando este arrastra un atraso superior a los tres años, ha sido ordenada sin otorgarle a la Dra. Perez Correa la posibilidad de ejercer el debido derecho de defensa en juicio. Tal fue el énfasis puesto en sancionar a los letrados, que el  Tribunal omitió pronunciarse con respecto a los planteos  casatorios del trabajador.

Resulta llamativo, que la condena sea impuesta, justo cuando la letrada de CTA se encuentra defendiendo a los trabajadores despedidos de IVECO, ante el grave conflicto que mantienen con la automotriz, y cuando se ventilan casos similares que le permitieron a la empresa Renault Argentina S.A. echar a 857 sin el pago de las indemnizaciones por despido. Causa que en la actualidad se encuentra en la Corte para su estudio, luego que el Tribunal Superior de Córdoba, confirmara el rechazo de las demandas.

 A esta mega causa de Renault se remite expresamente el Tribunal Superior cuando impone la sanción en costas, para que no queden dudas del mensaje disciplinador que emite: no más casaciones en contra de la automotriz. 

De esta forma el Máximo Tribunal produce un castigo por defender a los trabajadores de la industria automotriz y una persecución por insistir ante él, con recursos defensivos que denuncian fraudes cometidos por las empresas Renault e IVECO.

Esta resolución condenatoria constituye también una severa advertencia y un peligroso precedente para los abogados que defienden los derechos de los trabajadores, en cuanto verán limitadas las posibilidades de recurrir en casación ante el Máximo Tribunal y en consecuencia ante la CSJN , por las eventuales condenas en costas que deberán afrontar en el ejercicio regular del derecho a impugnar las sentencias.

 Este brutal avasallamiento de los derechos fundamentales a trabajar, a la defensa en juicio, a la igualdad ante la ley, a no ser discriminados, a recurrir las sentencias, merecen  el más enérgico repudio  porque limita de manera intolerable las vías dispuesta por la ley para el logro del efectivo  goce de los derechos y garantías  de los trabajadores en cuanto estos sean vulnerados.

 CTA de Córdoba 10-8-2009