El postergado debate sobre la comunicación

Concretar una nueva ley de radiodifusión representará un logro indiscutible para los sectores progresistas y populares. Se trata de un viejo anhelo desde la vuelta al Estado de Derecho en 1983, avalado por centenares de seminarios, comisiones especiales, mesas redondas, petitorios, solicitadas y proyectos de ley. Una iniciativa que no tendría necesidad alguna de ser fundamentada.  Sorprende, por lo tanto, la miopía de algunos sectores partidarios que rechazan de plano discutir una nueva ley.

Desde fines de los años ´70 la Unesco impulsó la consigna de un Nuevo Orden Informativo Mundial, girando alrededor de la vieja idea de la libertad de expresión como un derecho, de la información como un servicio público y de la lucha contra los monopolios de la comunicación que atentan contra esos derechos y libertades.

Dos grandes modelos aparecían como contrapuestos: el norteamericano donde los capitales privados reinaban casi sin límites en el dominio de las nuevas tecnologías, particularmente en los medios electrónicos, y el europeo, en que primaba el sistema público para la TV y la radio.

Con un origen y desarrollo posterior más inclinado hacia los norteamericanos, la radio y la TV argentina crecieron al calor de concesiones de ondas al sector privado; que se financiaban con la publicidad. Coexistía sin embargo, un sistema estatal de radios que cubrían toda la geografía del país; el canal 7 y el conjunto del sistema de telecomunicaciones en manos del Estado, desde su nacionalización durante el primer peronismo. Exceptuando concesiones de la telefonía fija durante determinados períodos en Tucumán, Entre Ríos y Mendoza.

En el campo de la prensa gráfica, el Estado fue impulsor de la primera fábrica de papel prensa, insumo fundamental que hasta ese momento se importaba. Asoció a la empresa a los principales diarios nacionales, beneficiados privilegiados de la iniciativa estatal.

Por razones políticas, en función de la Doctrina de Seguridad Nacional, los militares conservaron esa estructura de presencia estatal, y sacaron por decreto la llamada Ley de Radiodifusión actualmente vigente. Todo el dispositivo legal estaba orientado hacia el control del aparato de las comunicaciones, esencial a los planes de la dictadura. Los canales y radios, entonces, no solamente dependían del control militar, sino que todo el sistema había sido loteado entre cada una de las fuerzas, Ejército, Marina y Aeronáutica.

El gobierno de  Raúl Alfonsín, tras un primer impulso democratizador, mantuvo el esquema heredado y convocó a un debate sobre una nueva Ley del cual participaron especialistas de todos los matices. Finalmente la crisis política y económica por la que transitó a partir de 1987, pulverizó las iniciativas reformistas.

El arribo de Carlos Menem, renunciando a todo lo proclamado durante la campaña electoral (numerosos intelectuales, periodistas y cineastas, encabezados por Fernando “Pino” Solanas, pusieron su firma entonces a una propuesta nacional para la televisión, la radio, y las comunicaciones en su conjunto) significó la entrega de las telecomunicaciones al sector privado. Ciertamente, en ese momento y amparado por los poderes especiales que le otorgó el Congreso, modificó la ley de la dictadura al servicio de política de privatizaciones. Los únicos medios que protestaron fueron los que se quedaron fuera del extraordinario negocio, por ejemplo, Julio Ramos, el dueño de matutino Ámbito Financiero. Y desde entonces se pusieron parches y se hicieron trajes a medida en interés de los grupos que controlan los distintos aspectos de las telecomunicaciones.  Varios de esos cambios fueron impugnados por fallos de la Suprema Corte de Justicia, entre ellos, el artículos de la ley que impide a las cooperativas a ser prestadoras de servicios de radio y televisión. Asimismo, diversas iniciativas, reclamos protestas, resistieron y pugnaron por una nueva legislación.  Asistimos, incluso, al bochornoso veto del flamante presidente Fernando de la Rúa, de una interesante Ley que definía el futuro de los medios públicos, que había sido apoyada por una amplia y plural mayoría parlamentaria.

Así, luego de infinitas vueltas, prórrogas de concesiones, fusiones y absorciones, ley de Duhalde sobre los bienes culturales, etc., etc., la legislación vigente es hoy un mamarracho. Eso sí: permite hacer  negocios a los grandes grupos, que se concentraron, que avanzaron sobre las nuevas tecnologías y consolidaron las posiciones dominantes en el mercado, que es cualquier cosa menos libre. Mientras tanto, las ciudadanas y los ciudadanos del común, las asociaciones de vecinos, las instituciones culturales, las cooperativas y los sindicatos están fuera de la mesa. Son rehenes, apenas clientes, de las telefónicas, del monopolio de la TV por cable, radios,  proveedores de Internet y de diarios y revistas convertidos en soportes publicitarios.

En este panorama es urgente discutir la radiodifusión y las telecomunicaciones en su conjunto. Cualquier cambio al actual dispositivo, por malo que fuese, sería un paso adelante.

Carlos Abel Suárez  1-4-2009